La transformación de El Salvador es un modelo para el mundo. ¿Y si fuera un espejismo?
El Salvador está en un punto de inflexión histórico, donde el avance democrático logrado tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 enfrenta un marcado retroceso.
En una reciente conferencia el 8 de julio en San Salvador, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) presentó un análisis de la situación sociopolítica, económica y de derechos humanos de El Salvador, destacando preocupaciones sobre las instituciones democráticas, la protección de los derechos humanos y la trayectoria política actual del país.
El instituto cuestionó la narrativa internacional que presenta a El Salvador como un “milagro” o un modelo a replicar, argumentando que la realidad del país está marcada por una serie de desafíos más profundos, incluida la erosión de las salvaguardias democráticas, las restricciones al espacio cívico y el uso de estrategias de comunicación para influir en la percepción pública.
De la democracia a la autocracia
Según IDHUCA, El Salvador se ha alejado de la consolidación democrática desde 2019 y se ha encaminado hacia lo que describe como un modelo autoritario, caracterizado por el debilitamiento de la independencia institucional, las restricciones a la participación cívica y la criminalización del periodismo independiente y de las defensoras y los defensores de los derechos humanos.
El instituto reconoció la reducción significativa de muertes violentas en los últimos años pero sostuvo que “menos violencia no significa mayor seguridad”, señalando preocupaciones sobre la incertidumbre jurídica, el debilitamiento de las garantías y la distinción entre la seguridad pública y el respeto al estado de derecho.
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IDHUCA también cuestionó la idea de un “milagro” económico, argumentando que el crecimiento actual en áreas como el turismo y el comercio no representa necesariamente un desarrollo sostenible, particularmente en ausencia de políticas redistributivas más sólidas.
El fin de una transición democrática inconclusa
La presentación examinó el período posbélico de El Salvador tras los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a más de una década de conflicto civil y establecieron instituciones diseñadas para prevenir los abusos del poder estatal, incluida la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Sin embargo, IDHUCA sostuvo que el país nunca alcanzó una democracia plenamente consolidada. El instituto identificó debilidades de larga data de administraciones anteriores, incluida la influencia de intereses sectoriales en la política pública, la persistencia de enfoques militarizados de la seguridad y políticas centradas en abordar problemas inmediatos en lugar de sus causas estructurales.
2019–2026: la consolidación de un modelo autoritario
A partir de 2019, IDHUCA describió la trayectoria del país como un proceso de “democratización a la inversa”. El instituto sostuvo que instituciones democráticas clave, incluidas las autoridades electorales, la Asamblea Legislativa y el poder judicial, han perdido independencia debido a la creciente concentración de poder en el Ejecutivo.
Una preocupación central planteada durante la presentación fue el uso prolongado del estado de emergencia, introducido por primera vez en marzo de 2022 tras un aumento en los homicidios.
IDHUCA subrayó que, según la Constitución de El Salvador, las medidas de emergencia están pensadas para ser temporales. Sin embargo, las prórrogas reiteradas han convertido la suspensión de ciertos derechos en una política a largo plazo, según la organización.
El instituto advirtió que esto ha debilitado las garantías del debido proceso, permitiendo detenciones basadas en sospechas, extendiendo los períodos de detención preventiva y limitando el acceso a la defensa legal. También argumentó que la medida se ha extendido más allá de la atención del delito relacionado con pandillas y ha contribuido a la presión contra periodistas, defensores de derechos humanos y otras voces críticas.
Presión sobre la sociedad civil y exilio forzado
IDHUCA describió el período entre 2025 y 2026 como una etapa de mayor consolidación de lo que considera un sistema autoritario, con las organizaciones de la sociedad civil operando en un entorno cada vez más hostil.
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El instituto citó los arrestos de figuras como la abogada e investigadora Ruth Eleonora López Alfaro, el constitucionalista Enrique Anaya y otros defensores comunitarios como ejemplos de lo que describió como la criminalización del trabajo en derechos humanos y la crítica pública.
Según IDHUCA, estas acciones han contribuido al exilio forzado de más de 40 periodistas y al menos 30 defensores de derechos humanos debido a amenazas contra su seguridad o la de sus familias.
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